El próximo lunes inicia en Ginebra, Suiza, la 77 reunión del Comité Permanente de Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), donde el gobierno mexicano será puesto nuevamente bajo la lupa sobre los primeros resultados del Plan de Acción de Cumplimiento sobre la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de pez totoaba, bajo la amenaza de reactivar el embargo suspendido el 13 de abril, que impedía al país la venta al exterior de plantas y animales protegidos, así como partes y derivados.
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El Plan de Acción de Cumplimiento avalado por Cites cuesta a México 62 millones 622 mil pesos al mes en montos fijos se conforma de: verificar todas las embarcaciones que zarpan y arriban en los sitios autorizados para realizar actividades de pesca ($11,009,000 mensuales); implementar un Programa de Concientización y Sensibilización al sector pesquero para cambiar el comportamiento de éste y desalentar la pesca ilegal, el uso de redes prohibidas, su fabricación, comercialización y transporte, y cambiar las percepciones negativas hacia la vaquita marina ($25,000 mensuales; incrementar actividades de inspección y vigilancia terrestre ($750,000 mensuales); mantener señalizada la demarcación de la Zona de Tolerancia Cero y difundirla entre la comunidad marítima y pesquera ($70,000 mensuales); intensificar patrullajes marítimos, terrestres y aéreos, con unidades tripuladas y no tripuladas, durante las temporadas de pesca autorizadas ($36,259,000 mensuales); mantener la Zona de Tolerancia Cero libre de todo tipo de redes y de la presencia de embarcaciones, a través del proyecto Sembrado de bloques ($13,009,000 mensuales); destruir todas las redes encontradas en la Zona de Tolerancia Cero ($500,000 mensuales); mantener actualizado un programa de empadronamiento y acreditación de pescadores activos del Alto Golfo de California ($1,000,000 mensuales).
Adicionalmente, el gobierno mexicano contempla en la estrategia gastos por un monto inicial de 192 millones 900 mil pesos para echar a andar acciones estratégicas en la región: instalar un sistema de videovigilancia de largo alcance en sitios estratégicos ($30,000,000 por proyecto); poner en operación un sistema de localización de embarcaciones menores ($150,000,000 por proyecto); capacitar a 100% de las organizaciones que cuenten con los sistemas de pesca alternativos autorizados en los permisos emitidos por Conapesca ($900,000 por proyecto), así como implementar el Programa Especial de Marcaje y Equipos de Pesca para embarcaciones menores, de conformidad con el Acuerdo Regulatorio ($5,000,000 por proyecto); implementar programa de mejora continua para el desarrollo de sistemas de pesca alternativos para la captura de curvina golfina ($1,100,000 por proyecto); estimar la tendencia poblacional de la vaquita marina ($3,500,000 por proyecto); realizar un crucero de investigación para la detección visual de vaquitas marinas y con ello determinar el número mínimo dentro de la Zona de Tolerancia Cero ($2,400,000 por proyecto más aportaciones en especie de otras instancias).
REALIDAD
El presupuesto millonario establecido en el Plan de Acción de Cumplimiento contrasta con la realidad que impera en el hábitat de la vaquita marina, donde en plena temporada de captura de camarón, las redes de enmalle, prohibidas desde septiembre de 2020, se observan por todos lados en las faenas diarias, en San Felipe, Baja California, y el Golfo de Santa Clara, Sonora, donde cualquiera puede salir a pescar por los sitios autorizados o bajadas improvisadas.
En cuanto a la vigilancia en la Zona de Tolerancia Cero (ZTC), los propios reportes de la organización Sea Shepherd, que apoyan en el monitoreo del hábitat crítico de la vaquita marina, dan cuenta de la presencia impune de embarcaciones menores que realizan actividades de pesca con redes ilegales.
*La pesca ilegal del pez totoaba ha llevado a casi la extinción a la vaquita marina.
Sólo un ejemplo, el pasado 27 de octubre, Sea Shepherd reportó dos veces a la Secretaría de Marina (Semar), la presencia de cinco y luego nueve embarcaciones menores pescando dentro de la ZTC, primero a las 07:35 horas y después a las 12:49 horas, pero el interceptor nunca llegó y después de varias horas, las pangas recogieron sus redes y se retiraron con la captura.
La Marina actualmente tiene un barco y tuvo una emergencia y no pudo llegar a tiempo”, justificó la agrupación con sede en Estados Unidos.
Además, en el reporte entregado por adelantado a Cites, la Semar no reporta ninguna red destruida en la ZTC, que tiene una bolsa de 500 mil pesos mensuales, “Todas las artes de pesca fueron abandonadas/sin detectar persona infractora”.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) reconoció en respuesta a una solicitud de información pública que no tiene ningún avance en los talleres de concientización y sensibilización con el sector, que es la parte que les corresponde y para la que tienen 25 mil pesos mensuales, además de la búsqueda de redes alternativas y sustentables, que no interactúen con la vaquita marina, lo que tiene un sexenio de retraso.
En tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene únicamente tres inspectores fijos en San Felipe, Baja California, y cinco enviados desde oficinas centrales del área de Inspección Industrial, que no cuentan con los conocimientos ni la experiencia necesaria en recursos naturales, así como un joven coordinador que pasa más tiempo en la Ciudad de México que en el hábitat de la vaquita marina.
Asimismo, la Profepa informó a Cites que hay siete boyas extraviadas y tres vandalizadas que delimitan la Zona de Tolerancia Cero, y para lo cual tienen un presupuesto de 70 mil pesos mensuales.
GASTO PARA SU PROTECCIÓN
El Plan de Acción de Cumplimiento avalado por la Cites, cuesta a México 62 millones 622 mil pesos al mes en montos fijos:
- 11,009,000 para verificar todas las embarcaciones que zarpan y arriban en los sitios autorizados para realizar actividades de pesca.
- 25,000 para implementar un Programa de Concientización y Sensibilización.
- 750,000 para incrementar actividades de inspección y vigilancia terrestre.
- 70,000 para mantener señalizada la demarcación de la Zona de Tolerancia Cero y difundirla entre la comunidad marítima y pesquera.
- $36,259,000 para intensificar patrullajes marítimos, terrestres y aéreos, con unidades tripuladas y no tripuladas, durante las temporadas de pesca autorizadas.
- 13,009,000 para mantener la Zona de Tolerancia Cero libre de todo tipo de redes y de la presencia de embarcaciones, a través del proyecto Sembrado de bloques.
- 1,000,000 para mantener actualizado un programa de empadronamiento y acreditación de pescadores activos del Alto Golfo de California.
- 500,000 para destruir todas las redes encontradas en la Zona de Tolerancia Cero.
Adicionalmente, el gobierno mexicano contempla en la estrategia gastos por un monto inicial de 192 millones 900 mil pesos para echar a andar acciones estratégicas en la región, entre ellos:
- 30,000,000 para instalar un sistema de videovigilancia de largo alcance en sitios estratégicos (por proyecto).
- 150,000,000 para poner en operación un sistema de localización de embarcaciones menores (por proyecto).
- 1900,000 para capacitar a 100% a las organizaciones que cuenten con los sistemas de pesca alternativos autorizados en los permisos emitidos por Conapesca (por proyecto).
