El bloque oficialista consuma una batería de cambios que impiden la paralización general de leyes y actos declarados inconstitucionales en juicios de amparo. La oposición recurrirá ante la Suprema Corte
El Congreso mexicano ha aprobado una reforma a la Ley de Amparo que reduce significativamente las facultades del Poder Judicial, un movimiento impulsado por el partido gobernante, Morena, junto con el PT y el PVEM. Con 258 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Diputados consumó las modificaciones que impedirán la suspensión general de leyes y actos declarados inconstitucionales en juicios de amparo. Este cambio solo permitirá que las resoluciones afecten al individuo que promueva el recurso, evitando efectos generales.
La reforma llega después de que el Poder Judicial bloqueó parte de las reformas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido gobernante, Morena, durante el sexenio. La oposición, compuesta por legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, anunció que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), generando una fuerte respuesta del morenista Juan Ramiro Robledo, quien advirtió que se presentarán nuevas reformas si la Corte rechaza las actuales. También sugirió que una de las cámaras del Congreso pueda revocar la invalidez de una sentencia de la Suprema Corte respecto de una ley.
El debate en el Congreso se caracterizó por una fuerte confrontación entre Morena y sus aliados contra la oposición. Los legisladores opositores argumentaron que esta reforma es un blindaje para las reformas de López Obrador y las futuras políticas de Claudia Sheinbaum, la posible sucesora en la presidencia. Margarita Zavala del PAN expresó que “eliminar los efectos generales en la suspensión en el juicio de amparo contra leyes equivale a pedirle al pobre que se haga rico antes de que sus derechos sean pisoteados por leyes inconstitucionales, inválidas y autoritarias”.
Por otro lado, los defensores del proyecto, como Benjamín Robles del PT, sostienen que es necesario poner un alto al abuso del Poder Judicial, acusando a esta institución de servir a la derecha. El oficialismo también hizo hincapié en el llamado “plan C”, una estrategia para consolidar una mayoría calificada en el Congreso y poder reformar la Constitución sin necesidad de la oposición.
La oposición, a su vez, señaló que la reforma afecta a sectores vulnerables como campesinos y damnificados por proyectos como el Tren Maya y el Seguro Popular. Augusto Gómez del PRI subrayó que la reforma afecta a “miles de campesinos, a los damnificados del Tren Maya, del Seguro Popular, de Segalmex, de financiera rural y a los millones de damnificados que pertenecen al Gobierno de Morena”.
En resumen, la reciente reforma a la Ley de Amparo en México representa un cambio significativo en la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, marcando una tendencia hacia el fortalecimiento del control legislativo y una creciente disputa entre las fuerzas políticas del país. La lucha por la constitucionalidad de las reformas continuará en la Suprema Corte y en el ámbito político, en medio de un ambiente cada vez más polarizado.
