Las investigaciones apuntan a una presunta red que habría facilitado el ingreso de millones de litros de diésel al país disfrazados como aditivos
La justicia federal vinculó a proceso a Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), y a otros nueve elementos de la institución, imputados por su posible participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
El caso involucra el arribo de decenas de barcos cargados con diésel a puertos mexicanos, que entraban al país haciéndose pasar por aditivos, lo que habría ocasionado un daño económico considerable al país.
La audiencia se celebró entre la tarde del lunes y la madrugada del martes en los juzgados federales del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras la detención de los sospechosos la semana pasada.
De acuerdo con información presentada ante el juez, la Fiscalía General de la República (FGR) describió una estructura con capacidad operativa y financiera relevante, facilitada por la presunta complicidad de servidores públicos y miembros activos e inactivos de las Fuerzas Armadas.
El vicealmirante Farías Laguna habría tenido funciones de dirección, desde donde autorizaba perfiles de quienes integrarían la red criminal y coordinaba acciones en distintas aduanas. Otros acusados, como Climaco N y Humberto N, también figuraron en tareas de mando y facilitación de operaciones mediante asignación y movimientos de personal en puntos estratégicos.
Testigos, piezas clave en la investigación
En la audiencia, la FGR sostuvo que los integrantes señalados posibilitaron el acceso de millones de litros de hidrocarburos a México con documentos presuntamente falsos.
De acuerdo con información revelada por Milenio, la causa judicial incluyó declaraciones que resultaron determinantes. Destacan los testimonios aportados por un testigo protegido identificado como “Santo”, así como personas señaladas por las siglas JH y HRV, quienes describieron el funcionamiento de la red.
Ellos apuntaron que entre 2024 y 2025 ingresaron más de 32 buques con diésel, registrados como aditivos, lo que evitó el pago de impuestos. El operativo alcanzó entidades como Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México.
La acusación también involucra a empresarios locales y personas jurídicas que habrían actuado para encubrir movimientos y transferencias de fondos derivadas del contrabando.
El caso habría tomado fuerza tras la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, testigo clave, que dejó un manuscrito con información relevante antes de ser asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. Este personaje alertó sobre la colusión entre servidores públicos y traficantes.
Tras la maratónica audiencia de más de 18 horas, el juez otorgó la reclasificación del ilícito para imputar delincuencia organizada con fines de delitos vinculados a hidrocarburos, al tiempo que dictó prisión preventiva justificada a los 10 integrantes de la Semar.
El grupo imputado, en el que también se encuentran Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”, continuará en prisión durante un plazo complementario de seis meses establecido por el juez del caso para terminar la investigación.
Cabe apuntar que Omar García Harfuch dio a conocer el domingo que son 14 los detenidos. Se espera que en las próximas horas se defina también qué sucede con el resto de los señalados.
