Según tercer informe de la cuenta pública 2022, la administración estatal no mostró documentación que comprobara la adquisición de bienes o servicios; algunos están relacionados con el sector salud
El gobierno de Miguel Barbosa Huerta en su último año de gestión en Puebla generó un probable daño patrimonial de más de 447 millones de pesos.
Lo anterior se desprende del reporte que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cámara de diputados el 20 de febrero. La cifra se contempla en el tercer informe de la cuenta pública 2022.
En el tercer informe de 2022 se precisó que el Gobierno de Puebla provocó un probable daño patrimonial por 447 millones 514 mil 561.42 pesos.
Este monto aún corresponde a la gestión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pues falleció el 13 de diciembre de 2022. Mientras que el actual gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina tomó protesta la madrugada del 15 de diciembre de ese año.
La ASF refirió que la administración estatal provocó un probable daño por 265 millones 53 mil 98.50 pesos al no mostrar evidencia de diferentes contratos.
Los contratos involucrados fueron el OP/LPE172/SA/SI-20220196, OP/LPE077/SA/SI-20210502, OP/LPE231/SA/SI-20220852 y OP/LPE199/SA/SI-20220770.
Entre los documentos que hicieron falta se encuentran carátula, números generadores, reportes de avances en actividades, reporte fotográfico y las notas de bitácora.
Además, en algunos casos, no se mostraron facturas o pólizas de pagos. Los montos involucrados relacionados con estos documentos faltantes son de 9 millones 794 mil 197.23 pesos, otros de 6 millones 96 mil 755.06 pesos.
La ASF indicó que a lo anterior se suma un probable daño patrimonial por 27 millones 679 mil 498.52 pesos, también por falta de documentación durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa en Puebla. Este monto está relacionado con la prestación de servicios, pero no se detalla cuáles.
Asimismo, la auditoría identificó un probable daño patrimonial por 19 millones 320 mil 937.69 pesos. Nuevamente por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto relacionada a la prestación de los servicios.
También faltó documentación del contrato SSP-SDIAP-C-037/2022 y esto generó un probable daño patrimonial por 28 millones 337 mil 60.25 pesos.
