Según indicó la empresa del magnate regiomontano, los magistrados “actuaron con sesgo y consigna política, no con razonamiento jurídico, validando así abusos” del SAT, “vulnerando derechos de los contribuyentes”.
Por unanimidad, los tres magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negaron, el 19 de junio de 2025, a Grupo Elektra, el amparo directo contra el fallo que le había concedido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por lo que confirmó un crédito fiscal de mil 603 millones de pesos, debido a que la empresa propiedad del magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego, omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
Tras dicha resolución, que denominó como “ilegal”, el Grupo Elektra condenó, a través de su cuenta de la red social X, el fallo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que, según dijo, ignoró el debido proceso y las leyes vigentes cuando se originó el crédito fiscal”.
Según indicó la empresa del magnate regiomontano, los magistrados “actuaron con sesgo y consigna política, no con razonamiento jurídico, validando así abusos” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), “vulnerando derechos de los contribuyentes”.
“FRENTE A JUZGADORES PARCIALES, SEGUIREMOS DEFENDIÉNDONOS DE LOS COBROS ILEGALES Y ABUSIVOS QUE PRETENDEN IMPONERNOS”, señaló Grupo Salinas, el conglomerado del magnate regiomontano, en un comunicado, en el que omitió decir que la resolución unánime de los magistrados, todavía podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo Pleno se renovaría el 1 de septiembre de 2025.
“La resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que negó el amparo a Grupo Elektra es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos. Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas. Ayer fuimos víctimas de ello”, enfatizó la empresa de Salinas Pliego.
“Los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, además de omitir considerar impedimentos procesales debidamente planteados, confirmaron y exhibieron su alineación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia”, denunció Grupo Salinas.
“Sobre el contenido de la resolución, se aclara que: Es ilegal, pues omiten intencional y dolosamente lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal. Viola el debido proceso al negar el amparo en lugar de remitir el asunto a un tribunal distinto, como correspondía, ante la existencia de impedimentos procesales”, insistió el conglomerado del magnate regiomontano.
“El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios. En Grupo Salinas siempre hemos defendido nuestro derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Seguiremos ejerciendo nuestra defensa dentro del marco legal y conforme a los procedimientos establecidos, con el firme propósito de combatir cobros que consideramos ilegales, abusivos y desproporcionados”, agregó el conglomerado de Salinas Pliego.
“Este caso no será la excepción. Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional. Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica; pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias”, finalizó el Grupo Salinas.
