La absolución de Vallarta, tras casi 20 años en prisión, marca un punto de quiebre en el caso de secuestro más mediático de México
Israel Vallarta Cisneros quedó en libertad el pasado viernes 1 de agosto, tras 19 años y casi 8 meses encarcelado por acusaciones de secuestro de las que fue finalmente absuelto.
La sentencia, emitida la noche del jueves, determinó que no existían pruebas que sustentaran las acusaciones en su contra. Este cierre marca un capítulo emblemático de irregularidades judiciales en México y revive el debate sobre el papel de figuras mediáticas y políticas que defendieron el caso, entre quienes destacó, hasta su muerte en marzo pasado, Isabel Miranda de Wallace.
El caso Vallarta-Cassez adquirió notoriedad internacional, pues la detención de Vallarta junto a su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, desencadenó una crisis diplomática entre México y Francia. Cassez fue liberada en 2013 tras probarse graves violaciones al debido proceso, mientras Vallarta permaneció encarcelado sin sentencia durante casi dos décadas, retratando la dilación de procesos penales en el país.
Además, este caso fue uno de los ejemplos que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) utilizó para impulsar la reforma al poder judicial,que incluyó la inédita elección de jueces y magistrados en junio de 2025.
A lo largo de los años, el expediente mostró inconsistencias, denuncias de tortura y evidencia de montaje mediático.
El peso y la ausencia de Miranda de Wallace
La periodista Emmanuelle Steels, autora de “El teatro del engaño”, aseguró en entrevista con Julio Astillero que no es casual que la absolución de Vallarta ocurriera pocos meses después del fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, quien en su momento presidió la organización Alto al Secuestro.
“Todo eso se resuelve cuando ya no está en el panorama Isabel Miranda de Wallace. Eso ya sabemos que probablemente no tiene que ver con una coincidencia”, sostuvo.
Miranda de Wallace falleció a los 73 años el pasado 8 de marzo de 2025, tras complicaciones derivadas de una operación. Se difundió que murió en el hospital ABC, aunque según el acta de defunción existen dudas sobre el lugar exacto del deceso; esto, sumado a otras irregularidades ha llevado a periodistas como Ricardo Raphael a dudar de su muerte.
El activismo de Isabel Miranda de Wallace, cercana al poder, especialmente en el gobierno de Felipe Calderón, tuvo gran impacto en debates sobre inseguridad y procesos penales a raíz del presunto secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace.
Sobre el caso de Israel Vallarta, Miranda de Wallace expresó reiteradas veces que, desde su perspectiva, existían pruebas que acreditaban la culpabilidad de Israel Vallarta por secuestro. Señaló que las víctimas habían declarado en su contra y defendió a las autoridades involucradas en el operativo.
Además, cuestionó la narrativa sobre víctimas de fabricación de culpables.
Isabel Miranda de Wallace denunció en enero de 2019 que fue agredida verbalmente por familiares de Israel Vallarta a la salida de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Según su versión, tanto la tía como la esposa de Vallarta la insultaron frente a otros asistentes.
Además, en agosto de 2022, Miranda de Wallace criticó abiertamente el documental de Netflix “El caso Cassez-Vallarta”. Señaló que la serie presentaba una historia ficcionalizada y acusó a sus creadores de distorsionar la realidad de los hechos.
Para la activista, este tipo de narrativas buscaba mostrar a los acusados como víctimas y restaba atención al sufrimiento de quienes denunciaban los secuestros, cuestionando también el respaldo que recibió el documental por parte de figuras políticas como AMLO.
El montaje televisivo y los actores clave
En su sentencia absolutoria, la Suprema Corte señaló que Cassez y Vallarta “fueron detenidos y luego llevados a una finca donde se llevó a cabo una escenificación de su detención”. Según la versión de Cassez, ella fue capturada en una carretera del sur de la Ciudad de México y trasladada al rancho Las Chinitas, donde se simuló su aprehensión ante cámaras televisivas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso durante su conferencia matutina, calificándolo de “montaje televisivo”. Atribuyó el operativo a Genaro García Luna,entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y posteriormente secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa.
En una entrevista concedida a Televisa en 2006, el propio García Luna reconoció que los medios llegaron al lugar del operativo después de los hechos y que “colegas de los medios” solicitaron a los agentes “mostrarles cómo fue la intervención”.
En su momento, la autoridad informó que durante el operativo en el rancho “Las Chinitas” rescataron a tres víctimas de secuestro: un niño de 11 años, una mujer y un hombre.
Un proceso anclado por intereses y violencia institucional
Steels subrayó en la entrevista la responsabilidad de Felipe Calderón, quien siendo presidente promovió y protegió a quienes participaron o facilitaron la fabricación de culpables. “Validó sus prácticas, les dejó un cheque en blanco para que sigan torturando y fabricando culpables”, señaló la periodista. En este entramado incluyó a personajes como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Eduardo Margolis, quien según Steels mantuvo durante años influencia suficiente para obstaculizar la libertad de Vallarta y otros acusados.
Mary Sainz, esposa de Vallarta, remarcó el saldo: “Son casi 20 años, no hay justicia”.
La experiencia para Vallarta deja secuelas irreparables. Durante su reclusión, se encontró en prisión con Cárdenas Palomino, señalado por torturarlo. “Nunca lo ofendí, nunca lo amenacé, porque mi justicia no era ni golpearlo, ni matarlo”, declaró Vallarta al recuperar la libertad.
Steels reiteró que mientras algunos responsables hoy están en la cárcel por otros motivos, muchos han desaparecido de la esfera pública o siguen influyendo desde otros espacios.
Advirtió que otros familiares de Vallarta también permanecen recluidos sin sentencia, aunque la existencia de la supuesta banda de secuestradores fue descartada en otras resoluciones judiciales.
La periodista criticó el papel Carlos Loret de Mola y otros medios que, explicó, durante años replicaron la versión oficial, criminalizaron a los acusados y ayudaron a retrasar el acceso a justicia.
Steels enfatizó: “Es una alegría amarga. Todavía falta justicia. El teatro del engaño tiene muchos actores y partícipes que siguen presentes e influyendo”.
