Convenios firmados en décadas pasadas condenaron a diversas comunidades a sacrificar su acceso al agua. Quienes hoy se oponen enfrentan procesos de criminalización.
La escasez hídrica de Puebla capital inquieta a comunidades cercanas que, sin pertenecer territorialmente al municipio, son despojadas del vital líquido para priorizar el abastecimiento de la ciudad más poblada del estado, pero, este sacrificio no se ha traducido hasta hoy en una distribución equitativa del recurso entre los poco más de un millón 600 mil habitantes de la capital. Por el contrario, estos usuarios también padecen una restricción del servicio a cargo de la concesionaria Agua de Puebla. La falta del vital líquido no se debe únicamente a la sequía, o a la sobreexplotación del suelo, sino a una mala gestión hídrica.
El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) señaló que anualmente se extraen al menos 130 mil 327 millones 87 mil litros de agua subterránea en la ciudad de Puebla para uso público urbano, es decir, la que es entregada a través de redes de agua potable a usuarios domésticos conectados a las mismas. Sin embargo, esto representa alrededor del 70 por ciento del recurso que extrae la concesionaria para suministrar a la población de la capital, estima Francisco Castillo Montemayor, extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado.
El resto, cerca del 30 por ciento, es extraída de pozos profundos ubicados en las comunidades de Nealtican, Santa María Acuexcomac (perteneciente a San Pedro Cholula), Xoxtla, y Almecatla (ubicado en Cuautlancingo). Como resultado del consumo desmedido de agua, que no ha servido para beneficio de las personas que viven en la capital, las protestas de quienes habitan dichas comunidades van en aumento.
Acuexcomac perdió su principal fuente de agua en 2024, un amplio manantial que presumía al centro de la comunidad y que se extinguió después de 30 años de sobreexplotación de los cinco pozos profundos que fueron perforados en 1994, tras la firma de un convenio con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), organismo encargado de supervisar el funcionamiento de la empresa concesionaria. Lo mismo sucedió en Nealtican, que firmó el mismo acuerdo en aquel año, cuando la entidad era gobernada por Manuel Bartlett Díaz. Ahora, su población enfrenta una sequía severa.
En Almecatla, integrantes del comité del agua de la comunidad han advertido recientemente de la perforación clandestina de nuevos pozos para distribuir el recurso hídrico a la capital, incluso cuando la escasez es la principal preocupación de quienes habitan el municipio. Ni qué decir en Xoxtla, un pueblo que, por su resistencia a la sobreexplotación, traducida en manifestaciones y bloqueo de carreteras, ha sido víctima de persecución legal por parte de la concesionaria.
¿Dónde está el agua?
Activistas cuestionan: Si la empresa privada ha sobreexplotado el agua de nuevos territorios para suministro de la capital, ¿por qué hay personas, viviendo en la ciudad, que pagan un recibo por el servicio (que no es otorgado, pero sí cobrado puntualmente) y, a la vez, por pipas cada semana?
Aparentemente, el agua extraída anualmente es insuficiente para el uso público urbano. Pese a que, si tomamos en cuenta únicamente el recurso sustraído en la capital para este sector (sin tomar en cuenta el destinado para la industria y la agricultura), cada habitante debería gozar de 223 litros de agua al día. Activistas insisten en exhibir la incoherencia de que “aparentemente” no alcance el vital líquido para satisfacer las actividades de quienes habitan en la ciudad, aun cuando el derecho ha sido restringido para una parte de su población, y se hayan explotado -de forma desmedida, afirman- los suelos de otras comunidades que no pertenecen territorialmente al municipio. Coinciden en la respuesta, es la mala gestión hídrica.
María Eugenia Ochoa García, activista y representante de la organización Asamblea Social del Agua (ASA), dijo que hay una administración desigual del recurso. Cada vez es más limitada la disponibilidad del agua en el acuífero del Valle de Puebla (principal fuente de abastecimiento de la capital) y, aún con ello, se sigue priorizando el suministro a la industria, continúa la permisividad de autoridades ambientales para quienes explotan de forma clandestina el suelo para hacer negocio de ello, y se intensificó el abuso en contra de las comunidades que se oponen a la explotación de sus pozos profundos.
“Se extrae agua sin ton ni son. Es inequitativa esa distribución, ¿realmente se garantiza el derecho humano al agua, o se va para donde hay intereses económicos? ya sea para la construcción de fraccionamientos, para las empresas o la industria, dejando desprotegida a gran cantidad de la población”, opinó.
La explotación desmedida, alerta, bombea sin medida, sin pausa y sin responsabilidad para permitir la recarga de los mantos acuíferos. La injusticia es clara: el agua llega a donde están los intereses económicos, mientras comunidades enteras sobreviven con lo que pueden. Esto justifica la molestia de dichas comunidades, afirma, ya que se han privado de su derecho al acceso al agua para que esta ni siquiera sea distribuida a los habitantes de la capital que padecen escasez hídrica. Entonces cuestiona: “¿dónde está el agua?”
Sumado a lo recolectado para el uso público urbano, el Registro Público de Derechos de Agua señaló que se extraen al menos 12 millones 198 mil 942.95 metros cúbicos de agua subterránea al año para el sector industrial y 351 mil 421 metros cúbicos para el agrícola en la capital de Puebla. Dichos sectores también son beneficiados con volúmenes de recurso proveniente de aguas nacionales (propiedad de la Federación) y de aguas superficiales (ríos, lagos -puede ser tratada-).
Protectores del agua, criminales ante la ley
Frente a esta situación, las comunidades más afectadas han comenzado a alzar la voz en contra de la sobreexplotación de sus pozos. El caso más reciente es Xoxtla, que ha visibilizado su preocupación a través de bloqueos carreteros y manifestaciones. Quienes ahí habitan no se oponen a que Puebla tenga agua, sino que piden se respete la recarga de sus mantos acuíferos por un periodo mínimo de 10 años. El resultado de su defensa para conservar el agua de su territorio fue la criminalización.
“Antes teníamos el agua casi a flor de tierra”, recordó Nicanor Ortiz Alonso, un hombre de la tercera edad que se ha sumado al grupo de activistas del territorio. “Ya no tenemos la misma cosecha que en años anteriores por la disminución del agua, ya está muy abajo, a 22 metros de profundidad”, narró.
La tierra se ha vuelto porosa, ya no permite rascar más pozos, insistió el hombre, sentado en la plaza central de Xoxtla junto a Felipe Pérez Pérez, otro activista del municipio, quien se muestra molesto por la difusión de documentos, supuestamente emitidos por el ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez, en los que aparecen fotografías suyas durante recientes manifestaciones. Ha pensado en que puede ser aprehendido, al igual que su compañero Renato N. a inicios del presente julio, tras ser denunciado por la empresa Agua de Puebla.
“¿Por qué una empresa ajena viene a demandar a personas del pueblo por alzar la voz de que no queremos que se lleven más agua?”, interrumpió Pérez, e insistió: “Nos están señalando como delincuentes cuando somos luchadores de nuestro líquido, no se vale que en vez de hacer un bien, nos hagan un mal para reprimirnos, pero no nos vamos a dejar, al menos yo no tengo miedo”.
“Esas personas firmaron por dinero”, retomó Nicanor Ortiz, al recordar que el conflicto por el agua empezó en 1998, cuando el entonces Cabildo aprobó el convenio con SOAPAP para la perforación de seis pozos en la comunidad.
Cuarenta y tres carpetas de investigación se han abierto en contra de activistas de Xoxtla que se oponen a la extracción del agua, aunado a dos órdenes de aprehensión, afirman los hombres.
