También se aprobó un exhorto para actualizar y perfeccionar el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual
La Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura aprobó reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objetivo de incluir al personal administrativo en la definición de violencia obstétrica. Esta medida busca garantizar el respeto a la dignidad, autonomía y derechos de las mujeres durante la atención médica.
La iniciativa, presentada por la diputada Azucena Rosas Tapia, reforma el párrafo primero del artículo 18 Bis de dicha ley. La violencia obstétrica ocurre cuando una mujer embarazada es maltratada, humillada o atemorizada física o psicológicamente durante la atención médica.
Asimismo, la Comisión aprobó un exhorto para que las Secretarías Anticorrupción y de las Mujeres actualicen el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en dependencias públicas. Se busca garantizar que la víctima no sea obligada a dejar su trabajo, retirar al presunto agresor durante la investigación y crear un Registro de Personas Sancionadas por Agresiones Sexuales.
En la sesión, también se aprobó la propuesta para nombrar a Daniela Mier Bañuelos como titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, turnando el acuerdo a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Por otro lado, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia avaló un exhorto para que la Fiscalía General del Estado investigue de manera exhaustiva los casos de feminicidio y el Tribunal Superior de Justicia resuelva con prontitud estos delitos. Además, se solicita fortalecer la capacitación del personal en perspectiva de género y mejorar la coordinación con instituciones de seguridad y justicia para prevenir y sancionar el feminicidio.
Las diputadas Elvia Graciela Palomares Ramírez y Norma Estela Pimentel Méndez, junto con el diputado Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, coincidieron en la urgencia de fortalecer las acciones para garantizar el acceso a la justicia.
