Tribunal Superior de Justicia podrá suministrar, intercambiar, consultar y actualizar información
Con el firme propósito de garantizar la protección y bienestar de niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado de Puebla ha aprobado importantes reformas legislativas que incluyen la inscripción de deudores en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
En una sesión llevada a cabo el 16 de noviembre, los diputados de la LXI Legislatura votaron a favor de las reformas que otorgan al Tribunal Superior de Justicia la facultad de gestionar y actualizar la información sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Estas medidas buscan asegurar que se cumplan los derechos alimentarios esenciales.
Entre los cambios aprobados, se destaca que en las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil deberá informar si alguno de los contrayentes está inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la situación que guardan respecto a dichas obligaciones. Asimismo, se estableció como requisito para la adopción que ninguno de los adoptantes esté registrado como deudor alimentario.
Las reformas fueron impulsadas por las diputadas Guadalupe Yamak Taja, Nora Merino Escamilla, Lizette Minto García y Mónica Silva Ruiz, junto con las legisladoras Karla Rodríguez Palacios y Mónica Rodríguez Della Vecchia. También se consideró la iniciativa de los diputados Daniela Mier Bañuelos, José Iván Herrera Villagómez, Yolanda Gámez Mendoza, Carlos Alberto Evangelista Aniceto y Eliana Angélica Cervantes González.
Una de las disposiciones clave establece que la persona deudora alimentaria debe informar cualquier cambio en su empleo, ubicación y cargo al acreedor alimentario, al juez o a la autoridad competente en un plazo máximo de 15 días hábiles. Esto permitirá mantener actualizada la pensión decretada y garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
Los derechos alimentarios abarcan la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica, asistencia médico-hospitalaria y, en caso necesario, gastos de embarazo y parto. Además, se incluyen los gastos educativos y formativos necesarios para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse adecuadamente, y para aquellos en situación de vulnerabilidad, lo necesario para su rehabilitación y desarrollo integral.
Estas reformas implican modificaciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, consolidando un marco legal más robusto en favor de los derechos de la infancia y adolescencia.
