La suma solicitada por el gobierno es más del doble de la multa de 200 millones de dólares que la Universidad de Columbia dijo que pagaría cuando resolvió su conflicto con la Casa Blanca la semana pasada
La posibilidad de que la Universidad de Harvard destine hasta 500 millones de dólares en un acuerdo con la administración de Donald Trump ha surgido a medida que ambas partes intensificaron las negociaciones, según personas cercanas al proceso citadas por The New York Times. Este monto supera más del doble la cifra que Columbia University aceptó la semana pasadapara cerrar reclamaciones federales sobre antisemitismo, que ascendió a 200 millones de dólares. El medio señala que, aunque Harvard se ha mostrado reacia a pagar directamente al gobierno federal, los detalles financieros continúan en discusión y no se ha hecho público a qué denuncias podría darse solución con la suma propuesta.
The New York Times detalló que el presidente Donald Trump, de manera privada, ha solicitado que Harvard desembolse mucho más que Columbia. El mandatario ha reiterado a su equipo que cualquier acuerdo deberá involucrar el pago de una suma millonaria, subrayando así el giro estratégico de la administración que, tras meses de cuestionar la ideología de las universidades, actualmente busca condiciones económicas en los arreglos con las principales instituciones académicas. Esta insistencia en términos financieros representa una evolución desde su enfoque inicial, cuando la administración condicionaba la negociación al acceso a fondos de investigación federales.
El posible acuerdo con Harvard transcurre en paralelo a un conflicto judicial entre la universidad y el gobierno. Tras declaraciones del presidente de Harvard, Alan M. Garber, en abril, la universidad demandó al gobierno federal ante la tentativa de retirar miles de millones en fondos destinados a investigación. Garber expresó entonces que ninguna administración debería determinar las políticas de admisión, contratación o currículo académico de las universidades privadas, anticipando así la resistencia de la institución a cualquier forma de supervisión externa que pudiera vulnerar su autonomía.
Los términos de la negociación mantienen reservas en torno al tipo de supervisión que podría exigirse, hecho que Harvard consideró un posible punto de ruptura, a diferencia de Columbia, que aceptó la inclusión de un monitor externo en su acuerdo para garantizar el cumplimiento de lo pactado con el gobierno. Además, funcionarios de Harvard evalúan que incluso si prevalecieran en el litigio contra el gobierno, un acuerdo podría contribuir a evitar conflictos mayores durante la presidencia de Trump. La universidad espera que cualquier resolución esté vinculada al litigio federal iniciado en abril, lo que podría garantizar suficiencia legal y claridad sobre el destino de los fondos.
Un portavoz de la Casa Blanca, Harrison W. Fields, afirmó el lunes que la postura del gobierno era clara y que buscan impedir tanto el antisemitismo como las políticas DEI (“diversidad, equidad e inclusión”) consideradas problemáticas en los campus, así como asegurar la protección de los derechos civiles de todos los estudiantes. Fields manifestó su optimismo sobre la posibilidad de llegar a un “buen acuerdo” mediante negociaciones de buena fe y confió en que Harvard respaldaría eventualmente la visión presidencial.
La reciente resolución con Columbia sirve de modelo para la administración, que ha advertido públicamente su intención de replicarla con otras instituciones. El acuerdo alcanzado con Columbia, según han analizado directivos del sector, incluye una cláusula que impide a Estados Unidos interferir en asuntos fundamentales de autonomía universitaria, como contratación de personal, admisión de estudiantes y libertad de cátedra.
Observadores externos, como Donna E. Shalala—ex secretaria de Salud y ex rectora de varias universidades—consideran que Columbia simplemente evitó admitir culpabilidad y mantuvo su derecho a continuar operando como institución educativa. Shalala enfatizó que en negociaciones con la administración Trump “los detalles importan menos que obtener el acuerdo y la victoria”, lo que puede facilitar que ambas partes alcancen un compromiso práctico.
En tanto, Harvard enfrentaría condicionantes distintos a los de Columbia. El peso simbólico y financiero de Harvard, respaldado por un fondo patrimonial de unos 53.000 millones de dólares, le otorga tanto poder como visibilidad, pero la mayor parte de ese capital está restringido a usos específicos. Un memorando reciente dirigido a la comunidad universitaria advirtió que las acciones de la administración, incluidas reformas fiscales y amenazas a los fondos federales, podrían impactar el presupuesto anual de la universidad en cerca de 1.000 millones de dólares. Otro aspecto discutido previamente en negociaciones, como la posibilidad de pactar un gravamen sobre activos de la universidad en caso de incumplimiento, perdió fuerza en las conversaciones recientes.
Los efectos materiales de cualquier acuerdo alcanzado serán fundamentales para Harvard, dado que alrededor del 11 por ciento de sus ingresos anuales provienen de investigaciones financiadas con fondos federales. El acuerdo con Columbia tuvo como objetivo primario restablecer el acceso pleno a dichos fondos, fuente esencial para las universidades dedicadas a la investigación avanzada.
Las conversaciones entre el gobierno y Harvard permanecen activas, mientras un fallo judicial sobre la disputa sigue pendiente. La jueza federal Allison D. Burroughs, que presidió la última audiencia en Boston, expresó inquietudes sobre la estrategia gubernamental de condicionar fondos a denuncias de antisemitismo, por lo que la resolución final podría depender de factores legales, financieros y políticos en las próximas semanas.
