El exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado por vínculos con el Cártel de Sinaloa, fue trasladado a la prisión federal más segura de EEUU
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue trasladado recientemente a la penitenciaría federal ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, donde también se encuentra recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa.
La prisión es considerada la más segura y restrictiva del sistema penitenciario estadounidense y ha sido apodada como la “Alcatraz de las Rocosas”.
Previo a su traslado a la “supermax”, García Luna fue llevado a la penitenciaría USP Lee, en Virginia, una prisión de alta seguridad, luego de que su defensa denunciara condiciones de inseguridad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde fue internado primeramente y donde en los últimos años se han registrado riñas violentas y la muerte de varios internos.
Será entonces en la ADX Florence donde finalmente el ex “superpolicía” cumpla los 38 años y cuatro meses de prisión a los que fue sentenciado por el juez Brian Cogan en octubre de 2024, tras ser declarado culpable por conspiración para el tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones
Hasta junio de 2025, según información publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio, la multa impuesta al exfuncionario mexicano de dos millones de dólares no ha sido cubierta, argumentando que carece de recursos para saldar el monto, aunque el juez determinó que existía capacidad económica para cubrirla con base en los estados financieros presentados durante el juicio.
Aislamiento extremo: la vida en ADX Florence
La ADX Florence, ubicada en el desierto de Colorado, fue construida en 1994 para alojar a los internos más peligrosos de Estados Unidos. Reclusos como Guzmán Loera, condenados a cadena perpetua por delitos federales, son mantenidos bajo un régimen de aislamiento severo que limita al mínimo cualquier forma de contacto humano.
Las celdas individuales, de poco más de 2×3 metros, están hechas de concreto reforzado y equipadas únicamente con lo esencial: cama, sanitario, escritorio fijo y regadera automatizada. Los internos pasan 23 horas al día encerrados y solo pueden salir a un patio individual sin contacto visual con otros reclusos. Todo movimiento es vigilado mediante cámaras y las interacciones con personal son mínimas.
Desde su apertura, ningún interno ha logrado escapar de ADX Florence. La prisión fue diseñada precisamente para impedir cualquier fuga: su estructura incluye más de mil puertas de acero controladas a distancia, detectores de movimiento, cámaras de vigilancia y un corredor subterráneo que conecta las celdas con el vestíbulo principal, sin acceso directo al exterior.
Las ventanas angostas y fijas de cada celda solo permiten ver el cielo, impidiendo que los reclusos conozcan su ubicación dentro del penal. Además, la instalación se encuentra ubicada en una zona remota del estado de Colorado, a unos 185 kilómetros al sur de Denver, lo que refuerza su carácter de sitio prácticamente infranqueable.
El penal cuenta con 490 celdas individuales, pero no opera a plena capacidad. Según el último reporte de 2023, había 332 internos, por debajo de los más de 400 que albergaba en 2019. En toda su historia, la prisión nunca ha estado llena.
Además de Guzmán Loera, otros capos mexicanos como Héctor “El Güero” Palma, Osiel Cárdenas Guillén y Juan García Ábrego también fueron recluidos en ADX Florence. Todos fueron considerados extremadamente peligrosos y sometidos a condiciones similares de aislamiento.
Desde 2019, cuando Guzmán Loera fue ingresado a este centro penitenciario, su defensa ha documentado afectaciones físicas y psicológicas severas, incluyendo hipertensión, ansiedad, insomnio y pérdida de memoria. En septiembre de 2024, envió una carta al juez Brian Cogan describiendo episodios de taquicardia nocturna sin atención médica oportuna. Su abogada, Mariel Colón, ha calificado su situación como “una vida solitaria y sin estímulos”, sin posibilidad de clases, visitas o contacto con otros presos.
De alto funcionario a recluso federal
La caída de Genaro García Luna marcó un hito judicial en la historia bilateral entre México y Estados Unidos. Fue el funcionario mexicano de mayor rango en ser juzgado y condenado por cargos vinculados al narcotráfico en territorio estadounidense.
Durante el juicio, fiscales del Departamento de Justicia presentaron testimonios de exintegrantes del Cártel de Sinaloa que aseguraron haber entregado millones de dólares en sobornos al exsecretario, con el objetivo de asegurar protección para la organización criminal y facilitar el tránsito de droga hacia Estados Unidos.
Las acusaciones también incluyeron declaraciones juradas, documentos financieros y registros de propiedades que apuntaban a un presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como titular de la SSP entre 2006 y 2012.
En respuesta al veredicto, el expresidente Felipe Calderón afirmó públicamente que nunca tuvo “evidencia verificable” que vinculara a su colaborador con actividades delictivas. No obstante, el proceso judicial y la sentencia evidenciaron una red de protección institucional al crimen organizado que operó durante años.
Recientemente, Genaro García Luna ha sido señalado por autoridades estadounidenses en el contexto de operaciones de lavado de dinero. El 25 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) que vincula al exfuncionario con transferencias por más de 40 millones de dólares a través de la Vector Casa de Bolsa, entre 2013 y 2019.
Según el reporte, estas operaciones habrían involucrado recursos derivados de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa, canalizados mediante empresas fachada y supuestos intermediarios. Además, FinCEN aseguró que parte del dinero fue utilizado para adquirir bienes en Estados Unidos.
Como parte de esta investigación, el Tesoro también sancionó a Vector, CI Banco e Intercam, por facilitar presuntamente el tráfico de opioides y el ingreso de precursores químicos a territorio mexicano. No obstante, Vector Casa de Bolsa rechazó las imputaciones y afirmó en un comunicado que opera bajo estándares estrictos de cumplimiento y supervisión financiera.
Desde México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que mantiene comunicación con autoridades estadounidenses, pero aclaró que hasta el momento no ha recibido evidencia concluyente que demuestre la participación de dichas instituciones en actividades ilícitas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue con las indagatorias y que, hasta ahora, no existen pruebas sólidas que vinculen a los bancos con el crimen organizado.
