La presidenta, Claudia Sheinbaum, expidió el decreto por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que faculta al titular de esa dependencia, Omar García Harfuch, a “dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y los programas, las políticas y acciones respectivas, así como someter a consideración y, en su caso, aprobación del titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Sectorial de Seguridad, las políticas tendientes a garantizar la seguridad nacional y la seguridad pública” del país y “la política criminal general y la de drogas en lo particular”.
Lo anterior, a fin de “establecer las políticas, los mecanismos de planeación y programas, así como las medidas tendientes a prevenir y desactivar escenarios de riesgo y actos delictivos” que pudieran suscitarse que tengan relación con los centros penitenciarios.
También faculta al titular de la dependencia federal a vigilar que las actividades de análisis y de investigación policial desarrolladas por esa instancia, “tengan por finalidad generar y aportar mayores elementos para fortalecer las carpetas de investigación ministerial, procurando que los indicios, datos y elementos de prueba que se recaben sean admisibles en juicio, en coordinación con las instituciones de procuración de justicia”.
Para ello se establece la creación de tres subsecretarías, la de Inteligencia e Investigación Policial, la de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, y la de Prevención de las Violencias; 14 unidades, de carácter especializado, entre ellas, la encargada de investigar casos de delincuencia organizada, delitos de alto impacto como secuestro y extorsiones, delitos transnacionales, de investigación cibernética y operaciones tecnológicas, y 53 direcciones generales, entre las que destaca la de investigación de delitos de terrorismo, y la de operaciones estratégicas.
Al subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial se le faculta para “fungir como enlace ante instancias internacionales, para conducir acciones tendientes al cumplimiento de sus atribuciones”, así como “instruir la implementación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de lograr la identificación, ubicación y captura de personas presuntas responsables en la comisión de hechos posiblemente delictivos”.
De igual manera, se faculta a la subsecretaría de Inteligencia a “auxiliar al Ministerio Público, cuando lo solicite, en la ejecución de técnicas de investigación, órdenes de localización, de aprehensión y de reaprehensión, y mandamientos con fines de extradición, así como en los demás mandamientos ministeriales y judiciales en la esfera de competencia de las unidades administrativas a las que estén adscritas”.
En cuanto a las direcciones, resalta la encargada de brindar “Atención a Víctimas Relacionadas con Personas No Localizadas”, que tiene entre sus facultades “procurar que las víctimas y sus representantes legales tengan acceso oportuno, claro y completo a la información sobre las acciones realizadas en materia de búsqueda y localización, en estricto apego a los principios de transparencia, publicidad y a lo establecido en la legislación aplicable, respetando en todo momento los derechos humanos”, y “proporcionar, en su caso, atención sicosocial para familiares de personas no localizadas, en estrecha coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno”.
